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Santo Domingo, RD.-La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía, que agrupa a centenares de organizaciones que defienden la nacionalidad dominicana, acudirá a la fiscalía del Distrito Nacional, para interponer una denuncia contra los periodistas Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz y Participación Ciudadana.
La entidad defensora de la Soberanía, explica que ha decidido acudir este miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana, ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, tomando en cuenta que a raíz de la sentencia 168-13, dictada por el Tribunal Constitucional que define quienes son dominicanos, se ha organizado campaña de incitación a la rebelión, hostilidad y desobediencia, por parte de los comunicadores Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz y los señores Roberto Álvarez y Rosalía Sosa, representantes del Movimiento Participación Ciudadana.
Agrega que los referidos comunicadores, no solo llevan a cabo una campaña abierta en desacato de la sentencia, sino, que están coincidiendo y procurando públicamente la condena de la República Dominicana, en cortes internacionales en identidad de propósitos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, lo que constituye un claro “acto de traición” contra el país.
Según una nota de la Red, representada por sus abogados los Doctores Rafael Helena Regalado y Elpidio Ramírez, en la denuncia solicitarán al Ministerio Público, el interrogatorio formal de los citados periodistas, así como de los directivos de Participación Ciudadana, a fin de comprobar que los mismos reciben fondos millonarios de gobiernos y agencias extranjeras, que coinciden en el mismo interés de desacatar, desobedecer y desacreditar la sentencia 168-13 y el plan de regularización que ella ordena, con relación a los extranjeros ilegales en la República Dominicana.
La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía afirma que existe una campaña de descrédito perversa en contra de los honorables miembros del Tribunal Constitucional, dedicándose de manera pública a plantear la rebelión y desacato de la sentencia ut supra, la cual es vinculante en su aplicación a todos los poderes del Estado, quienes han enunciado su acatamiento pleno.
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